La Secretaría de Gobierno informó que por primera vez un ente territorial construye una Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas, con el objetivo de proteger los derechos de las personas víctimas de las distintas finalidades de explotación, como la prostitución ajena y explotación sexual; trabajos o servicios forzados, servidumbre y explotación de la mendicidad ajena; matrimonio servil, esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud y tráfico de órganos.
Felipe Jiménez, Secretario de Gobierno manifestó que con la Política Pública se han destinado más de 117 mil millones de pesos para combatir uno de los delitos más atroces, que acaba con la dignidad y la voluntad del ser humano.
"Nuestro compromiso es proteger a estas personas y trabajar para restablecer sus derechos, por eso, necesitamos el apoyo de la sociedad, en especial, de la empresa privada para que abra oportunidades de empleo”, dijo Felipe Jiménez, Secretario de Gobierno.
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En el Día Mundial de la Lucha Contra la Trata de Personas se busca sensibilizar al sector empresarial para que permita la vinculación de las personas sobrevivientes a través de la oferta de empleos formales que se constituyan en factor de protección y restablecimiento de sus derechos, principalmente tendientes a su estabilización socioeconómica.
Con esto, se tiene estipulado transformar los imaginarios y prácticas que favorecen o legitiman la trata de personas en cualquiera de sus modalidades y finalidades de explotación, que incluya a la ciudadanía en general.
En este trino de la Secretaría de Gobierno la información sobre este compromiso del Distrito contra el delito de trata de personas:
¡En el #DíaContraLaTrataDePersonas ratificamos nuestro compromiso para enfrentar este delito!
— Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) July 30, 2022
Invitamos a las empresas a sensibilizarse y permitir a través de la oferta de empleos formales la vinculación de quienes lograron sobrevivir.🫱🏻🫲🏽
+ Info ▶️ https://t.co/xrSyGWfcEXpic.twitter.com/mnJMPONcUN
También tiene como finalidad descentralizar la mirada en torno a las víctimas y poner el foco en el compromiso de la sociedad, especialmente los empresarios, y el estado en la prevención de la trata de personas, aportando a no responsabilizar o culpabilizar a las víctimas sino colectivizando la lucha contra la trata de personas desde trasformaciones cotidianas en las formas de entender el fenómeno.
La política cuenta con una oferta interinstitucional que garantiza el acceso a servicios en pro de la restitución de sus derechos, como asistencia a las víctimas y su núcleo familiar; igualmente se busca visibilizar las rutas de atención dispuestas y promover la confianza de la ciudadanía en la acción de las entidades; fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instancias encargadas de investigar y judicializar a los responsables de este delito y contar con estadísticas y cifras para hacer seguimiento a la ocurrencia de este flagelo.
El delito de trata de personas es la tercera empresa criminal con mayor rentabilidad en el mundo -después del narcotráfico y la compra y venta ilegal de armas, y Bogotá es considerada por las autoridades como un lugar de origen, tránsito y destino de, especialmente en finalidades como la explotación sexual, los trabajos forzados y la mendicidad ajena, y son las mujeres entre los 18 y 27 años, así como la población migrante, quienes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas del delito.
