Por: Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá
Todo empezó por un caso de abuso policial. El 8 de septiembre en la noche, unos policías detuvieron arbitrariamente, golpearon y terminaron asesinando dentro de un CAI a Javier Ordóñez, un estudiante de derecho y padre de familia. Inicialmente, la Policía negó los hechos. A lo largo del día fueron cambiando la versión ante la enorme presión ciudadana y mediática. La indignación creció como espuma. No sólo lo habían asesinado, sino que lo negaron e intentaron ocultarlo.
Al final de la tarde, cientos de jóvenes enardecidos rodearon el CAI de Villaluz y muchos otros CAI en varias localidades en protesta. Al caer la noche empezaron las confrontaciones entre jóvenes y policías. Más de 50 CAI fueron vandalizados. Múltiples videos publicados por los ciudadanos en redes sociales evidenciaron que la noche del 9 de septiembre decenas de policías usaron sus armas de fuego de dotación y dispararon de manera indiscriminada. El saldo fue trágico. Más de 300 heridos, 75 de ellos por arma de fuego, 10 asesinados en Bogotá y tres más en Soacha. La mayor tragedia de violación de derechos humanos de miembros de la Policía contra ciudadanos en Bogotá, desde la retoma del Palacio de Justicia. Decenas de madres destrozadas, familias angustiadas y jóvenes adoloridos. La institución creada para protegerlos los había agredido brutalmente. La mayor tragedia y el mayor dolor que me llevaré en el alma de lo vivido en esta Alcaldía.
Desde el primer momento reconocimos sin atenuantes ni excusas la gravedad de lo ocurrido y ofrecimos perdón y acompañamiento a las víctimas. Desde el PMU donde estuve con el director encargado de la Policía Metropolitana la noche del 9 de septiembre, nadie dio la orden de usar armas de fuego ni de defender a sangre y fuego los CAI, pero la evidencia de que así había ocurrido era contundente.
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En 48 horas entregamos en su mano al Presidente de la República y al director de la Policía Nacional cientos de imágenes y horas de grabación que demostraban toda suerte de arbitrariedades y el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía. Le solicitamos al Presidente que se hiciera una reforma estructural a la Policía. Pedimos a la Fiscalía y a la Procuraduría que asumieran directamente las investigaciones. Entregamos el mismo informe a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y le pedimos su acompañamiento para elaborar un informe de verdad y memoria sobre lo ocurrido, que publicaremos a finales de octubre.
Pasado un año el dolor es peor. Para las familias no ha habido perdón ni justicia, y para la juventud y la sociedad no ha habido reforma estructural de la Policía Nacional. Ninguno de los casos de los 300 heridos tiene al menos un identificado, menos un imputado. De los diez homicidios, sólo en cuatro casos ha habido imputaciones a miembros de la Policía, quienes ni siquiera han sido retirados del servicio. Gozan de libertad y trabajo, dado que ni la Fiscalía ni los jueces a cargo consideraron la imputación de cargos con agravantes, ni a los imputados un peligro para la sociedad. Las familias no sólo se sienten abandonadas sino humilladas y varias han denunciado hostigamientos y amenazas. Es justamente la gravedad de los hechos la que nos exige hacer un llamado al perdón, a la verdad y la justicia, a facilitar los cambios, acelerar las investigaciones e implementar las reformas para que esto no vuelva a repetirse jamás.
He conocido a la Policía durante este tiempo. Sé que la mayoría de sus miembros son gente trabajadora y entregada al servicio, pero los abusos de algunos y la falta de justicia minan la credibilidad de toda la institución. El arma más poderosa es la confianza ciudadana. Si queremos rescatarla debemos reformar nuestra Policía, desmilitarizarla de las viejas formaciones y prácticas heredadas del conflicto armado; que se reclute, forme y vigile a una policía civilista que no dependa del Ministerio de Defensa ni tenga fuero militar.
El Gobierno Nacional todavía está a tiempo para liderar esa reforma, honrar la memoria de las víctimas, y garantizar verdad, justicia y reparación a las familias y garantías de no repetición a la juventud y la sociedad. Para esos propósitos cuenta con mi concurso como ciudadana y como Alcaldesa. Es nuestro deber responder, enmendar y sanar. Que hoy sea un día de conmemoración en paz, el resultado de la violencia lo conocemos de sobra.
Este 9 de septiembre, la alcaldesa, Claudia López, envío dos cartas: una dirigida a la Procuraduría General de la Nación y otra a la Fiscalía.
A continuación, la carta que la Alcaldesa de Bogotá le envió a la Procuradora General, Margarita Cabello, en la que le solicita que la entidad asuma la totalidad de las investigaciones disciplinarias que se adelantan en contra de miembros de la Policía Nacional involucrados en los hechos del 9 y 10 de septiembre del 2020.
Esta es la carta que Claudia López, Alcaldesa de Bogotá, le envió a Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación; allí le solicita que la investigación, en su conjunto, sea adelantada por una Fiscalía delegada de la Dirección Especializada contra las violaciones de los Derechos Humanos.
