El 25 de enero de 2021 fue sancionada la Ley 2080 con la que se reformó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que ofrece al ciudadano un conjunto de herramientas informáticas para acceder a las autoridades públicas de manera más fácil y eficiente. Además, la ley busca descongestionar la jurisdicción contenciosa administrativa en aras de promover una justicia pronta.
La norma regula la interacción de las personas con las autoridades públicas a través de sus redes institucionales, esto permitirá que los usuarios puedan presentar derechos de petición usando los canales electrónicos habilitados por las entidades del Estado para este fin.
Con respecto a la descongestión de la jurisdicción contenciosa administrativa, se reorganiza la competencia del Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos permitiendo, entre otras, la Integración de algunas funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil; y definiendo los trámites para el desarrollo de impedimentos y recusaciones al interior de los tribunales.
Contenidos relacionados
Así mismo, se rescata la experiencia positiva del Decreto 806 de 2020 sobre el uso de los medios tecnológicos para conseguir una justicia más oportuna. Por otra parte, se faculta al juez para dictar sentencia anticipada si las partes lo solicitan de común acuerdo o cuando el juez encuentre mérito para declarar la cosa juzgada, la prescripción extintiva o la existencia de acuerdo conciliatorio, transacción y/o allanamiento.
Finalmente, entre otras modificaciones y adiciones relevantes en relación con los procedimientos y actuaciones administrativas, puede destacarse el control automático jurisdiccional de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal. Además, la facultad entregada al Consejo de Estado, como órgano para unificador de jurisprudencia, para fijar pautas sobre el alcance de la ley aplicable a los casos concretos.
Todo lo anterior, en aras de proveer al ciudadano con herramientas para acceder a la protección de sus derechos ante la administración pública. Además de promover un proceso contencioso administrativo que permita tener una justicia material y efectiva a todos los colombianos.
