El secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardila, manifestó su inquietud por la coincidencia entre la formulación de cargos contra el alcalde Gustavo Petro por parte de la Procuraduría y la solicitud de la Administración Distrital al Juez para levantar la suspensión del Decreto 364 que modificaba el POT de Bogotá.
“Consideramos que éste es un mensaje que le envía el Procurador al Juez, para que no levante la suspensión del POT. Tal vez no es coincidencia que el Procurador vuelva con un tema que ya se encuentra en manos del Juez”, manifestó el secretario Ardila.
El secretario reiteró que desde el punto de vista jurídico y técnico la Modificación del POT se encuentra dentro de la Constitución y ajustada a la Ley y además se basa en estudios técnicos realizados antes y durante la actual Administración. El funcionario añadió que el Decreto se expidió tras la falta de respuesta definitiva por parte del Concejo de Bogotá después de los 90 días reglamentarios. Recordó que el Decreto 364 (MePOT) sigue vigente aunque se encuentre suspendido.
“Aspiramos a que se levante la suspensión de la MePOT, eso va a beneficiar al Gobierno que llegue, porque le va a entregar el marco normativo que facilita la gobernabilidad y la toma decisiones en una ciudad que requiere un POT que responda a la lucha contra la segregación, acabe con la tendencia a localizar poblaciones enteras en áreas de riesgo, y contribuya a enfrentar los impactos del cambio y la variabilidad climática sobre la ciudad, que serán muy fuertes”, anotó el funcionario.
Según el secretario “la suspensión del Decreto 364 hace mucho más difícil disminuir los tiempos de gestión de los proyectos de construcción, manteniendo condiciones de gestión urbana anticuadas y muy poco eficientes”. El Decreto 190 (POT actual) no permite localizar equipamientos como colegios, hospitales o centros de salud en áreas de la ciudad donde se necesitan.
“El Decreto 190 forma parte de una visión de ciudad constituida por piezas homogéneas, con usos únicos. Pero la ciudad no funciona así, sino que su éxito reposa en la mezcla de usos. Tampoco presenta un claro sistema para asegurar que la sociedad en su conjunto, por medio de su administración, pueda captar una parte de las plusvalías generadas por las ventajas de construir en altura, ni asegura los retornos de suelo para espacio público y vivienda para los hogares con menor capacidad de pago. Una adecuación más democrática y equitativa es necesaria”, anotó el vocero de la SDP.
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