Este martes 24 de septiembre de 2024, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, y parte de su equipo, visitaron el proyecto del Centro Fundacional de Usaquén, el cual optimiza el espacio público mediante la reconstrucción y adecuación de andenes y pacificación de vías (vías que están al mismo nivel del espacio público y que tienen restricción de velocidad a máximo 30 km/h) y así verificar los últimos avances de obra y buscar solucionar las problemáticas existentes para que el contratista pueda ponerse al día en las obras.
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“Primero que todo quiero ofrecerles disculpas a todos los vecinos y comerciantes del Centro Fundacional de Usaquén. Este proyecto arrancó en 2021 y debió haberse entregado en agosto de 2023. Cuando llegamos en enero el avance era del 4.75 %, y hoy, el avance es del 20 % cuando deberíamos ir en el 48 %”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.
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Desde el inicio de esta Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, se ha puesto especial atención y vigilancia en el proyecto del Centro Fundacional de Usaquén, que es prioridad para la comunidad de ese sector. El alcalde ha dado instrucciones claras y precisas para acelerar el progreso de esta obra y tomar las medidas necesarias para garantizar su avance. El compromiso de la Administración con la ciudadanía continúa firme, y se trabaja arduamente para cumplirlo.
Conoce más detalles del inicio del proceso sancionatorio contra el Consorcio RGH, a cargo de las obras del Centro Fundacional de Usaquén, en la siguiente publicación en la red social X, del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU):
No nos detenemos y reiteramos nuestro compromiso: ¡acelerar las obras en el Centro Fundacional de Usaquén! 🌆⛪️
— IDU Bogotá (@idubogota) September 24, 2024
Durante estos meses hemos tomado medidas para que la comunidad, los comerciantes y los visitantes disfruten pronto de este gran proyecto. #BogotáMiCiudadMiCasapic.twitter.com/tAD3DJoJ49
Desde el primer día de gobierno, se han realizado más de 25 visitas de verificación de obra, trabajando articuladamente con el contratista y la interventoría y, a pesar de las dificultades, se han logrado algunos avances. En enero de 2024, cuando se recibió la obra, el avance ejecutado de la etapa de obra era apenas del 4.75 %, y debía haber terminado en agosto de 2023. Hoy, con corte del 16 de septiembre de 2024, el avance alcanza el 20.15 %, muy por debajo del 48.48 % programado, lo que evidencia un retraso de más del 28 %.
“Desde el día 1 hemos estado pendientes de este contrato. Hemos tenido retrasos con el contratista, pero también hemos buscado las soluciones y avances. No obstante, le abrimos un proceso administrativo sancionatorio que está en curso y que tiene su debido proceso. El contratista tendrá todas las garantías para lograr terminar la obra, que es lo que queremos”, agregó el director Molano.
A pesar de todas las dificultades, se sigue trabajando en conjunto con otras entidades del Distrito y las empresas de servicios públicos para facilitar el progreso de la obra. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos coordinados, persisten retrasos en el avance de obra, por los presuntos incumplimientos y retrasos por parte del contratista. Ante esta situación, el IDU le abrió un proceso administrativo sancionatorio a título de multa por valor de $1.251.474.886. El 22 de julio de 2024, se instaló la audiencia con el fin de que el contratista y su garante rindieran descargos y realizaran las solicitudes probatorias del caso, dicha audiencia continuó el 22 de agosto de 2024. El presunto incumplimiento se genera por atrasos en el plan detallado de trabajo (PDT). El contratista es el Consorcio RGH.
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Finalmente, el compromiso del IDU es claro: asegurar que las obras avancen y garantizar que culminen exitosamente en el menor tiempo posible. Cabe resaltar que, desde el IDU, todos los contratistas han tenido siempre todas las garantías necesarias para que, a través de planes de contingencia, logren ponerse al día en los cronogramas de obra. De igual manera, se han dado instrucciones precisas, con el fin de que, en los procesos sancionatorios, se garantice el debido proceso y el derecho de contradicción.
