En desarrollo de lo establecido por el Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá y el sistema de gestión y desempeño se adoptó, a través del Decreto Distrital 474 de 2022, la Política de Gobernanza Regulatoria para el Distrito Capital que tiene por objetivo promover el uso de herramientas y técnicas jurídicas, acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las normas expedidas en el Distrito Capital resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, atendiendo a un procedimiento estandarizado de alta calidad que promueva la seguridad jurídica.
El ciclo de gobernanza regulatoria se aplicará de manera obligatoria y preferencial en los proyectos específicos de regulación, en el proceso de expedición de nuevas normas, la modificación de las existentes y en la implementación de buenas prácticas.
El ciclo está compuesto por las siguientes fases:
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1). planeación
2). diseño de la regulación
3). consulta pública de los proyectos de actos administrativos
4). revisión de calidad normativa
5). publicación de la regulación
6). evaluación.
La fase de planeación facilitará el desarrollo de los proyectos, planes y programas previstos para el desarrollo interno de las entidades y organismos distritales, dado que permitirá proyectar y agendar los ejercicios normativos, y asimismo interactuar con la ciudadanía o grupos de interés. Para tal efecto, se adopta la agenda regulatoria, en la que se deberán incluir los proyectos de actos administrativos que se pretende expedir, estableciendo un periodo para que la participación de la sociedad y los sujetos regulados y para su consolidación final.
El diseño de regulación implica la formulación, elaboración y evaluación de las alternativas para la solución de los eventos o problemas identificados que requieren intervención de las entidades y organismos distritales, con el fin de establecer si la solución más eficiente corresponderá a una producción normativa o a otro tipo de intervención.
Para tal efecto, las entidades podrán dar aplicación al Análisis de Impacto Normativo (AIN) cuando se requiera adelantar el desarrollo de reglamentos técnicos, o como buena práctica para conocer la mejor opción en materia regulatoria. En todo caso, deberán asumir los parámetros para la preparación y elaboración del proyecto de acto administrativo.
Con la consulta pública de los proyectos se pretende obtener las observaciones, sugerencias o propuestas de la ciudadanía o grupos de interés, para que las entidades las analicen a efectos de incorporar, cuando sea necesario, las adiciones a que haya lugar. Para el cumplimiento de esta fase, la Secretaría Jurídica Distrital cuenta con el portal LegalBog Participa https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico. Se destaca que en esta fase las entidades podrán adicionalmente, adelantar algunas otras consultas para garantizar la participación ciudadana.
En la fase de revisión de calidad normativa se incluye el proceso de revisión técnica, jurídica y presupuestal por parte de las oficinas técnicas y jurídicas de cada entidad u organismo distrital. Igualmente se establece competencias para las oficinas jurídicas cabeza de sector. En caso que el proyecto de regulación involucre la firma de la alcaldesa mayor de Bogotá, la Secretaría Jurídica Distrital es la encargada de efectuar la revisión de legalidad, conforme a los parámetros establecidos en el documento técnico de Política de Gobernanza Regulatoria y las demás que se expidan sobre la materia.
La publicación de la norma permite la materialización de los principios de publicidad y transparencia, acatando lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, frente a los actos de carácter general. Para efectos de difusión de las normas e inventario se ratifica la necesidad de la remisión para la publicación en el sistema de información de régimen legal de Bogotá.
La fase de evaluación pretende realizar revisiones periódicas con el fin de evaluar los resultados de la implementación de la norma, que permitan efectuar la racionalización de trámites para reducir cargas administrativas, la evaluación ex_post para asegurar regulaciones eficaces y eficientes, la depuración normativa para mantener un inventario normativo actualizado y la compilación normativa.
Adicionalmente, el Decreto incorpora buenas prácticas regulatorias, entre otros, el manual de técnica normativa, el normograma, la gestión del conocimiento, la articulación nacional, así como competencias para la Secretaría Jurídica Distrital. Finalmente, la política cuenta con un plan de acción, que involucra el proceso de difusión y socialización, así como acciones para mejorar los procedimientos de creación de nuevas normas y la calidad del acervo normativo.
